Exigibilidad del protocolo interno antiacoso de los “whistleblowers” (informadores) en empresas de más de 50 empleados

La protección a los “whistleblowers”, próximo objetivo de la Comisión Europea

Un protocolo interno será exigible a las empresas con más de 50 empleados o con más de 10 M€ de negocio anual

Ya sabíamos que los llamados “informantes” (whistleblowers es el término anglosajón) de irregularidades estaban llamados a desempeñar un papel fundamental a la hora de destapar actos ilegales susceptibles de dañar el interés público y el bienestar de la sociedad y los ciudadanos europeos.

Ahora es la Comisión Europea la que se ha propuesto reforzar su protección en toda la UE y para ello está preparando una nueva Directiva. ¿Y por qué?

Les damos algunas razones y los motivos:

  • El Dieselgate. El caso de las emisiones manipuladas ha hecho perder al Grupo Volkswagen millones de euros, además de obligarlo a realizar una profunda restructuración, cuyo último capítulo se escribía esta semana con la dimisión de Matthias Müller. El escándalo del Dieselgate sigue coleando más de dos años después.
  • Luxemburgo Leaks. Casi 350 multinacionales (Fiat, Amazon, Pepsi, Ikea, AIG, JP Morgan, PIMCO, Heinz, Burberry o Deutsche Bank), firmaron acuerdos secretos con Luxemburgo para rebajar sus impuestos. El escándalo, que ya es conocido como “Lux Leaks”, afectó directamente a Jean-Claude Juncker justo cuando era elegido presidente de la Comisión Europea.
  • Los papeles de Panamá. Ahora se cumplen dos años desde que se conociera la investigación periodística sobre la filtración masiva de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, que probaban la existencia de 214.000 compañías opacas que operaron en 200 países o territorios, y la participación de más de 500 entidades financieras, políticos y otras figuras públicas. Esta información provocó un terremoto que obligó a organismos supranacionales a acelerar las iniciativas para evitar el fraude, la evasión y la elusión fiscal.
  • Cambridge Analytica. Comenzó con un aparentemente inocente test de personalidad en la red social y derivó en acusaciones de robo de datos, interferencia política y chantajes con prostitutas. Hizo que el valor en bolsa de Facebook se desplomara por valor de 37 M$ en un día. A día de hoy, la empresa británica Cambridge Analytica se ha declarado en concurso por imposibilidad de afrontar los costes derivados.

La propuesta de la Comisión Europea tiene el objetivo de garantizar en toda la UE que los informantes que notifiquen infracciones de la legislación de la UE en materias entre las que destacamos a continuación estarán debidamente protegidos frente a eventuales despidos, degradaciones y otras formas de represalia laboral. Algunas de estas materias son:

  • Contratación pública,
  • Servicios financieros,
  • Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
  • Seguridad de los productos;
  • Seguridad en el transporte;
  • Protección del medio ambiente;
  • Seguridad de los alimentos y los piensos;
  • Salud y bienestar de los animales;
  • Salud pública; protección de los consumidores;
  • Privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información.

En el ámbito subjetivo de la propuesta de la Comisión, todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades, siendo también de aplicación esta propuesta a las administraciones nacionales y regionales y a los municipios de más de 10.000 habitantes.

Entre los mecanismos de protección que deberán establecerse por parte de los sujetos obligados, según se ha indicado, destacamos los siguientes:

  1. Canales claros de notificación que garanticen la confidencialidad de la información, dentro y fuera de la organización.
  2. Si los canales internos no funcionan correctamente o su funcionamiento resultase perjudicialmente lento (riesgo de poner en peligro la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes), procede la notificación a las autoridades competentes;
  3. Notificación a los medios de comunicación o al público, si no fueran adoptadas medidas adecuadas tras las notificaciones anteriores, o en caso de peligro inminente o manifiesto para el interés público o de daños irreparables.
  4. Obligaciones de notificación aplicables a las autoridades y las empresas, que tendrán que responder y dar curso a las notificaciones de los denunciantes de irregularidades en el plazo de tres meses en el caso de los canales internos de notificación.
  5. Deben queda expresamente prohibidas, y establecerse el correspondiente régimen sancionador, todas las formas de represalia para los informantes, a quienes deberá garantizarse asesoramiento gratuito y a las vías de recurso adecuadas. Será la persona u organización quienes deberán demostrar que no se trata de una represalia contra el informante de irregularidades, invirtiéndose la carga de la prueba. También recibirán protección en los procesos judiciales, a través de su exención de responsabilidad por revelación de información.

La propuesta protege a quien denuncia de manera responsable la existencia de irregularidades y nace con un claro propósito de salvaguardar el interés público, contemplando salvaguardias para disuadir e impedir los informes abusivos o malévolos y prevenir daños injustificados a la reputación.

También está previsto garantizar que los afectados por la notificación realizada por un informante de irregularidades disfrutarán plenamente de los derechos a la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, derecho a un juicio justo y de defensa.

José León-Castro Gómez

Socio de Intuita Consultores Jurídicos

Gastos hipotecarios: confíe en Intuita para reclamar su devolución

Conforme a la última jurisprudencia ya sentada por el Tribunal Supremo, el Pleno de la Sala Primera, de lo Civil ha establecido los siguiente en relación con los tributos que gravan la operación de hipoteca:

  • Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

  • El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.

La nota informativa que ha sido facilitada por la Sala Primera es del siguiente tenor:

“El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

  • Gastos notariales​.

  • Gastos registrales.

  • Tasación de vivienda.

  • Gastos de gestoría.

  • 50% del timbre de la matriz de la escritura.

  • Gastos por comisión de apertura.

​Conforme a lo anterior, los gastos reclamables a día de hoy en relación con las escrituras de constitución de préstamos hipotecarios (no por las de compraventa de inmuebles) son los siguientes:

  • Gastos por aranceles notariales​.
  • Gastos por aranceles de registro.
  • Gastos por tasación de vivienda.
  • Gastos de gestoría. En este caso aún existe controversia pues hay quien entiende que no se trata de un servicio necesario para la inscripción de la escritura.
  • Gastos correspondientes al 50% del timbre de la matriz de la escritura.
  • Gastos por comisión de apertura. Es habitual el cobro de comisiones que varían entre el 0,50% y el 2% por parte del banco. Ya existe jurisprudencia menor (Audiencias provinciales y juzgados) que consideran que el banco debe probar la justificación de los servicios de estudio para que el cobro de la comisión sea lícito.
Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª), Auto 5.01.2017
Existencia de comisión de apertura por importe de 2.800 euros.
No consta, y tal prueba era de la ejecutante (el Banco), que tal concepto obedeciese a efectivos gastos o servicios prestados por la entidad, en cuanto ni siquiera como gastos de estudio, lo que no se alega, pudiera justificarse que el cálculo del riesgo de la operación realizado por la ejecutante se pusiera a cargo de los ejecutados sin la correspondiente explicación, comprensión en todos sus extremos y aceptación expresa de tal gasto.
Por otra parte, tales operaciones de cálculo del riesgo, viabilidad e instrumentalización del préstamo en la organización interna, aspectos contables y económicos, son inherentes a la operativa bancaria y no pueden, sin una expresa asunción con plena información y efectiva negociación, ser puestos a cargo de la demandada, con lo que la imposición de tal comisión ha de ser declarada nula, anulada su asunción y retrotraída la cantidad pagada.
 
Juzgado 1ª Instancia nº 5 Cartagena, sentencia 28.04.2017:
“Se estableció en la cláusula cuarta del contrato una comisión de apertura , la cual alcazaba un importe de 1.350 euros.
El fundamento séptimo de la contestación a la demanda se opone a la declaración de abusividad de esta cláusula manifestando que esta comisión “es aceptada desde tiempo inmemorial no solo por el Banco de España, sino además, por el tráfico bancario”, así como que la misma fue aceptada por la parte contraria.
 
La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de diciembre de 1989 – actualmente derogada por Orden de 28 de octubre de 2011 – respecto a las tarifas de las comisiones establece que las mismas “deberán responder a la prestación de un servicio específico distinto de la concesión o de la administración ordinaria de un préstamo“, que deberán “responder a servicios prestados o gastos habidos. En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente”.
En presente caso el Banco no ha alegado que la comisión de apertura se deba gestiones concretas y reales, y cuál sería su coste – la tasación la ha pagado también el cliente bancario -. No se ha acreditado actividad de estudio alguno por la entidad de crédito. Por lo que debe declarase la nulidad de la cláusula por abusiva, artículo 83 del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, y con el derecho el derecho del consumidor a ser reintegrado en la cantidad pagada por esta cláusula, 1.350 euros.”
 
Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª), sentencia 2.06.2017:

” …aun cuando como se argumentaba en la contestación la validez de las comisiones y entre otras la de apertura, viene expresamente admitida por la normativa bancaria, ello lo es siempre que respondan a un servicio efectivo al cliente bancario, como asi ya apuntaba la vigente en la fecha de concesión del préstamo y recoge expresamente la actual, representada por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 29 de octubre 2011.

Así lo establece el párrafo segundo del art. 3.1 de la citada orden con arreglo al cual, ” Sólo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos “.

De donde resulta que al igual que sucede con el resto de comisiones, rige respecto a la misma el principio de “realidad del servicio remunerado” para su aplicación, de forma que si no hay servicio o gasto, no puede haber comisión lo que justifica la declaración de abusividad de la misma.

Ciertamente la actual Ley General Defensa consumidores y Usuarios en su artículo 87.5, reconoce la legitimidad de la facturación por el empresario al consumidor de aquellos costes no repercutidos en el precio (indisolublemente unidos al inicio del servicio) pero, además de que su interpretación debe de ser restrictiva con restringida proyección a determinados sectores empresariales, el coste deberá repercutirse adecuada o proporcionalmente al gasto o servicio efectivamente habidos o prestados, proporcionalidad que si no se da incidiría negativamente en el equilibrio prestacional a que se refiere el art. 80 de L.G.D.C.U . y que en el caso ni tan siquiera se ha intentado justificar.

De forma y concluyendo que como sea que la dicha comisión no se percibe como correspondiente a servicio o gasto real y efectivo alguno y además tampoco (considerado como gasto difuso inherente a la actividad de la concesión del préstamos) se conoce ni acreditó su proporcionalidad, debe de mantenerse su declaración de nulidad.”.

El traslado de domicilio social de las empresas catalanas en caso de declaración unilateral de independencia.

La deliberada quiebra de la legalidad de los últimos días llevada a cabo por el Gobierno Autonómico catalán está adentrando a Cataluña en un limbo jurídico que puede ser irreversible en caso de que este sinsentido político termine en una declaración unilateral de independencia.

Pasando por encima de todas las leyes, y ante  la inacción que el Gobierno de la Nación está haciendo de sus funciones constitucionales, la Generalidad catalana puede abocar a miles de empresas con domicilio social en Cataluña (608.981 sociedades, el 18,06% del total de sociedades españolas, conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística con fecha 01/12/2017) a verse sometidas a una regulación legal incierta, con imprevisibles consecuencias en cuanto a normativa mercantil, laboral, financiera, etc. y con una fabulosa incertidumbre en cuanto a la inversión.

Es evidente que, ante esta tesitura, miles de empresas catalanas intentarán cambiar su domicilio social, cuestión que hasta hace un par de años era harto dificultosa.

En efecto, hasta 2015 el cambio del domicilio social de una sociedad limitada o una sociedad anónima fuera del municipio donde radicaba requería una modificación estatutaria (art. 285 Ley de Sociedades de Capital, en adelante LSC), redactando un proyecto de modificación (art. 286 LSC), que había de someterse a consideración de la Junta General (art. 287 LSC), que para constituirse válidamente sin ser junta general universal debía ser convocada con un mes de antelación en caso de las Sociedades Anónimas y de 15 días en caso de Sociedades Limitadas (art. 176 LSC), aprobarse el cambio de domicilio social por una mayoría reforzada de los asistentes a la Junta General (art. 288 LSC) y publicarse en dos periódicos de gran circulación en la provincia y elevarlo a escritura pública como requisito previo para poder inscribir en el Registro Mercantil el cambio de domicilio social (art. 289 LSC).

Este régimen legal hubiese dejado atrapadas a miles de empresas en Cataluña, viéndose arrastradas a una incertidumbre legal que pasa por la inmediata inaplicación de los derechos de la Unión Europea y la consecuente salida del Mercado Común, con la consecuente imposición de aranceles para comerciar fuera del territorio catalán.

A estas dificultades hay que sumar que, conforme a nuestro Derecho mercantil, el traslado de una empresa a otro estado implica el derecho de separación del socio que esté en desacuerdo, y del derecho de oposición de los acreedores, si bien únicamente está contemplado para traslado a otro estado miembro de la UE, cosa que es evidente que no sería un hipotético estado catalán independiente.

Afortunadamente en 2015 se promulgó la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, que introducía una modificación esencial para esta situación de incertidumbre en el artículo 285 LSC: “salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.”

Conforme a la actual redacción del artículo 285 LSC, basta con que se reúna el consejo de administración o los administradores solidarios o mancomunados, o la redacción de un acta por el administrador único, y manifestar formalmente la decisión de trasladar el domicilio de la empresa para que, únicamente con la publicación en dos periódicos con suficiente difusión en las provincias de origen y destino de la sociedad, y previa elevación a pública escritura del acuerdo, cosa que puede no llevar más de 24 horas, pueda cambiarse de manera eficaz y legal el domicilio social de la empresa a un municipio fuera de Cataluña.

Esta maniobra societaria, sin duda completamente legal y sin ninguna repercursión negativa en la empresa, puede atraer a otros puntos de España a las sociedades catalanas que no quieren verse sometidas a una completa inseguridad jurídica y a las convulsas consecuencias que sin lugar a dudas repercutirán en el mercado catalán la automática salida de la Unión Europea, la pretendida inaplicación de la normativa española y la falta de sometimiento a la legalidad democrática actual.

César Romero de la Osa Martínez

Responsable del área procesal

Intuita Consultores Jurídicos

Criterios de la AEAT sobre aplazamiento y fraccionamiento de deudas

El Real Decreto-ley 3/2016, el cual estableció que, entre otras, no se puedan aplazar o fraccionar las siguientes deudas:

  • Las del retenedor u obligado a realizar ingresos a cuenta, ni siquiera con las excepciones reguladas anteriormente.
  • Las derivadas de la ejecución de resoluciones firmes desestimatorias suspendidas durante las reclamaciones o recursos.
  • Las de tributos repercutidos, excepto prueba de que las cuotas no fueron pagadas
  • Las de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

pues bien, en este sentido, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha publicado una nota en su página web con la que pretende aclarar como queda esta cuestión en la práctica fiscal diaria, al ser una cuestión que ha generado una profunda polémica por las consideraciones impositivas directas que presentaba, especialmente contra las PYMES.

Analizando la citada nota, podemos extraer las siguientes conclusiones:

Aplazamientos a personas físicas que realizan actividades económicas

  • Se desestimarán las solicitudes de aplazamiento de deudas por retenciones o derivadas de resoluciones firmes desestimatorias total o parcialmente, que hubieran estado suspendidas.
  • Pagos fraccionados (modelo 130): se admitirán o no, como hasta ahora. Si se trata de deudas inferiores a 30.000 euros se sigue un sistema automatizado y, en principio, se conceden sin garantía. Si la cuantía es superior a dicha cifra se estudian una por una en función de la garantía aportada y demás documentación.
  • Deudas por IVA:
    • Si la deuda es inferior a 30.000 euros se pueden conceder, por el sistema automatizado, y sin necesidad de acreditar que existen cuotas no cobradas.
    • Si la deuda es superior: se estudian una a una y, para conceder el aplazamiento, en función del tipo de garantía, será necesario aportar pruebas de cuotas no cobradas (es necesario conocer interpretación para determinar la cuantía aplazable).
  • Plazos:
    • Los aplazamientos por deudas inferiores a 30.000 euros, sin garantizar, se concederán por un máximo de 12 plazos mensuales
    • Los aplazamientos por deudas superiores a 30.000 euros se pueden conceder por un máximo de 36 mensualidades.

Aplazamientos a personas jurídicas

  • Se desestimarán las solicitudes de aplazamiento de deudas por retenciones, las derivadas de resoluciones firmes desestimatorias total o parcialmente, que hubieran estado suspendidas y las de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
  • Deudas por IVA:
    • Si la deuda es inferior a 30.000 euros se pueden conceder, por el sistema automatizado, y sin necesidad de acreditar que existen cuotas no cobradas
    • Si la deuda es superior: se estudian una a una y, para conceder el aplazamiento, en función del tipo de garantía, será necesario aportar pruebas de cuotas no cobradas (es necesario conocer interpretación para determinar la cuantía aplazable)

      En resumen, sobre la situación anterior en aplazamientos los únicos cambios son los siguientes:

  • No se pueden aplazar: retenciones en ningún caso, ni deudas derivadas de resoluciones firmes que estuvieron suspendidas durante los procedimientos, ni los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
  • Las deudas por IVA, superiores a 30.000 euros, no será aplazables excepto que se pruebe que existen cuotas repercutidas no cobradas (es necesario conocer interpretación para determinar la cuantía aplazable).

José María Hernández Gordillo

Socio de Intuita, S.C.

Responsable del área fiscal 

Propuesta del Congreso de los Diputados de considerar delito la defraudación superior a 50.000 euros a Hacienda o Seguridad Social

Cuando en pleno auge de intereses por los empresarios se encuentra lo que se ha dado en llamar “corporate compliance”, empero ello no ha cristalizado aún en una auténtica conciencia de lo que verdaderamente se pretende con la implantación en las empresas de sistemas de cumplimiento normativo que impidan o, cuanto menos, minimicen la probabilidad de comisión de delitos en su seno, siendo esta pretensión el compromiso ético y moral de los empresarios en la lucha contra este tipo de conductas dentro de sus organizaciones empresariales, la Comisión de Justicia acordó en sesión del pasado 20 de diciembre aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas.

Es sabido que el empresario español lleva desde 2010 en riesgo, pues desde entonces lleva introducida en nuestro Ordenamiento Jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, como consecuencia ineludible de ello, el riesgo inherente a la figura del administrador de una condena de las previstas por el Código Penal para según qué delito fuera cometido.

Y es desde 2015 que el Legislador le ha dado al empresario las claves que debe seguir para cubrirse ante esa responsabilidad y, como consecuencia de ello, cubrir a la propia empresa, a la que debe lealtad, siendo tales claves las que conforman la implantación de un correcto sistema de prevención de delitos.

Pero muchos son los empresarios y administradores que, eludiendo las obligaciones de diligencia que le son propias por unos u otros motivos, aún no se han decidido a tomar cartas en el asunto, para lo cual parece que desde la Comisión de Justicia quieren aportarles un motivo más para que se decidan a implantar medidas de prevención y control de delitos en sus respectivas empresas.

De esta forma, como hemos indicado se ha planteado en el Congreso de los Diputados la modificación de los artículos 305 y 308 del Código Penal, relativos a los delitos de fraude contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, respectivamente, para rebajar la cuantía a partir de la cual estaremos en presencia de uno de estos delitos.

Hasta el momento, tal cuantía se encuentra fijada en la cantidad de 120.000 euros, si bien como indicamos se pretende reducir este límite infranqueable hasta la en comparación casi irrisoria cifra de 50.000 euros. Y empleamos el calificativo de irrisorio por cuanto que el empresario puede ver con algunos ejemplos que a continuación les planteamos, que no resultaría complicado superar ese límite en operaciones todas `propias del tráfico normal de una empresa que, recordemos, sin una voluntad o intención dolosa de cometer tal delito, sino por la mera imprudencia, pueden ocurrir en la empresa.

 

Algunos ejemplos:
Ejemplo 1: Contrato de arrendamiento de servicios con un tercero que está ejecutando una obra, el arrendatario entiende que el importe del contrato es un gasto deducible cuando en realidad es una inversión. Si el importe de la obra asciende a 1 MM, el importe correspondiente al impuesto indebidamente ahorrado sería de 250.000 euros. Delito Fiscal.
Ejemplo 2: una aplicación indebida de una base de 300.000 euros en uso de la libertad de amortización por creación y mantenimiento de empleo en el Impuesto de Sociedades. El resultado sería de un ahorro de 75.000 euros. Delito fiscal.
Ejemplo 3: En materia de Seguridad Social, resulta práctica habitual acordar con los trabajadores el despido para facilitar a éstos el cobro de la prestación por desempleo, obteniendo la empresa el beneficio de ahorro de indemnizaciones, que fácilmente superarían el límite de 50.000 euros en el caso de mucha antigüedad o de ser varios los trabajadores. Delito contra la Seguridad Social.

Con esta breve nota no pretendemos más que cumplir con nuestra función de asesores legales y advertir del riesgo que supone asumir esta nueva situación sin adaptar nuestras empresas a las exigencias legales, sobre todo en materias tan peliagudas como son las relacionadas con las Administraciones Públicas.

Sin más, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente y quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que precisen.

Intuita, S.C.

Modificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Aplazamientos de deudas tributarias.

Modificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Aplazamientos de deudas tributarias.

José María Hernández Gordillo

Responsable área fiscal

23 de diciembre de 2016

Con la presente nota informativa pretendemos que nuestros clientes tomen conciencia cierta sobre dos aspectos muy destacados respecto de las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, de medidas en el ámbito tributario y otras medidas urgentes en materia social, publicado el pasado 3 de diciembre (BOE núm. 292, de 3 de diciembre de 2016, páginas 84746 a 84764) y que parecen haber pasado ciertamente desapercibidas en los comentarios al mismo publicados hasta el momento.

Tales novedades han sido las referidas a la subida general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), por un lado, así como la mayor exigencia para la concesión de aplazamientos en los procedimientos recaudatorios por parte de la Agencia Tributaria, por otro.

En relación con el IBI, el artículo 7 del Real Decreto de referencia modifica los coeficientes de actualización de los valores catastrales, reflejando valores superiores a 1 en todos aquellos inmuebles que hayan participado en ponencias de valores de los ejercicios comprendidos entre 1984 al 2003. La traducción no es otra que el aumento, en mayor o menor medida, del valor catastral sobre el que se liquidará el IBI en sucesivos periodos.

Por otro lado, y quizás con una mayor repercusión en la práctica, nos encontramos que el artículo 6 del Real Decreto de referencia modifica el apartado segundo del artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en lo que hace referencia a aquellas deudas que no podrán ser objeto de aplazamientos o fraccionamientos.

Así, de la lectura de la citada modificación del artículo 65.2 debe interpretarse que no serán aplazables las siguientes deudas con la Administración Tributaria:

  • Aquellas deudas cuyo pago se realice mediante efectos timbrados.
  • Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta (es decir, modelo 111, 115, 123, etc.).
  • En caso de concurso de acreedores del obligado tributario, aquellas deudas tributarias que tengan la consideración de deudas contra la masa.
  • Los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (modelo 202).
  • Las derivadas de impuestos que deban ser legalmente repercutidos, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. Estas líneas están exclusivamente previstas para el Impuesto sobre el Valor Añadido, sin que pueda a día de hoy determinarse con exactitud cómo habrá de realizarse esa justificación; según parece, podríamos inferir que el sentido del legislador es derivar a todos los contribuyentes posibles a que opten por el régimen de caja, régimen de mucho más control para la propia Administración que el régimen del devengo.
  • Las deudas resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico administrativo o en un recurso contencioso administrativo que previamente haya sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos. Con este punto, la administración no está buscando más que promover que el contribuyente opte por no recurrir, sobre todo sanciones, para así tener mayores facilidades de pago mediante el correspondiente aplazamiento. En caso que se recurra y no se estime la reclamación o recurso, no podrá ser aplazada, tendrá que ser abonada en su totalidad de un solo pago en el plazo establecido y derivado de la notificación de referencia.

Respecto de esta modificación introducida en la Ley General Tributaria en cuanto a deudas no aplazables, la norma difiere su entrada en vigor al próximo 1 de enero de 2017.

Quedamos a la entera disposición de nuestros clientes para ampliar esta información en lo oportuno.

Jornada sobre Responsabilidad Penal de Empresas Turísticas el próximo lunes 10 de octubre en la Casa de la Provincia

Nuestro despacho imparte el próximo lunes 10 de octubre a las 09:30 en la Casa de la Provincia, sede de la Diputación de Sevilla sita en la Plaza del Triunfo s/n, una Jornada sobre Responsabilidad Penal de Empresas y Directivos del Sector Turístico sevillano.

La jornada, organizada por la Diputación de Sevilla a través de su Sociedad para la Promoción y Desarrollo del Turismo (PRODETUR), cuenta con la colaboración de Asociaciones de referencia en el Sector Turístico de nuestra Provincia:

  • Asociación Sevillana de Empresas Turísticas – ASET
  • Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia – AHS
  • Asociación Empresarial de Hosteleria de Sevilla

Dada la importancia que para la responsabilidad de empresas, empresarios y directivos supone la regulación introducida el pasado año 2015,entendemos que es de gran interés para el Sector Turístico, que es uno de los motores industriales de nuestra región

Para acceder al programa completo de la jornada, pueden hacerlo en la página web de PRODETUR, en el siguiente enlace:

http://www.prodetur.es/prodetur/www/eventos/responsabilidad-penal-empresas-turisticas-sevilla-2016/

Para inscribirse, disponen del siguiente formulario de inscripción:

http://www.prodetur.es/prodetur/www/eventos/responsabilidad-penal-empresas-turisticas-sevilla-2016/formulario-inscripcion.html

Intuita, Firma especialista de compliance en FEDEME, patronal sevillana del Sector del Metal

Dentro de los servicios ofrecidos a sus empresas asociadas, FEDEME ha suscrito recientemente un convenio de colaboración con el despacho de abogados y asesores fiscales INTUITA, especializado en la implantación de sistemas de prevención de delitos y cumplimiento normativo (corporate compliance), tal y como ha recogido en su página web corporativa:

http://www.fedeme.com/convenio-de-colaboracion-con-el-despacho-de-abogados-intuita/

FEDEME, Federación de Empresarios del Metal, es una organización profesional, formada por los empresarios industriales y comerciales de las diferentes ramas de actividad del sector metalúrgico sevillano y andaluz, contando entre sus asociados con grandes empresas de los distintos subsectores que conforman el Metal, englobadas principalmente en áreas como: aeronáutica, automoción, minería, energías renovables, instalaciones y montajes industriales y sector elevación.

Con este acuerdo, Intuita Legal Compliance proporcionará a las empresas de la industria, el comercio y los servicios del metal afiliadas a FEDEME, información suficiente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sus directivos y empleados, así como el asesoramiento necesario para la implantación de medidas y controles que eviten la comisión de delitos.

Tanto FEDEME como Intuita coinciden en la necesidad de expandir entre las empresas andaluzas en general, y las del Sector del Metal en particular, una adecuada cultura de prevención en las empresas.

Con este convenio, FEDEME e INTUITA se comprometen a organizar jornadas técnicas sobre esta temática, ajustadas a los distintos subsectores integrados en la Federación. Por su parte INTUITA adquiere el compromiso de aplicar condiciones preferentes a las pymes  asociadas a FEDEME que tengan interés en contratar los servicios de este despacho como entidad especializada en asesoramiento en materia de responsabilidad penal de las empresas.

Legalización de libros societarios vía telemática

Desde Intuita nos complace informarle sobre el nuevo sistema para dar cumplimiento a la obligación legal de depósito de los libros sociales en el Registro Mercantil, esto es, los libros relacionados en los artículos 25 y siguientes del Código de comercio, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 30 de abril de 2016.

La obligación de presentación telemática derivada de la Instrucción de 1 de julio de 2015 de la Dirección General de los Registros y el Notariado

Tras la polémica generada por las resoluciones dictadas en esta materia por la Dirección General de los Registros y el Notariado y, principalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (que entendía conculcada la confidencialidad de los empresarios como consecuencia de la publicidad que se pudiera dar a terceros sobre la información empresarial y comercial de las Sociedades contenida en los libros cuya publicidad se imponía), en la actualidad resulta obligatoria y exigible la presentación telemática ante el Registro Mercantil de los siguientes libros mercantiles:

  • Libros de Actas de Junta General y Consejo de Administración;
  • Libro Registro de Socios (Sociedades Limitadas) y de Acciones Nominativas (Sociedades Anónimas) y
  • Libros de contratos con el Socio Único (caso de sociedades unipersonales).

Lo cierto es que, en la actualidad, la Instrucción de 1 de julio de 2015 de la Dirección General regula los procedimientos técnicos, sistemas de seguridad y mecanismos de cifrado de ficheros que garantizan la confidencialidad y la seguridad informática de todos los datos remitidos telemáticamente al Registro Mercantil.

¿Cómo deben presentarse los libros en 2016?

En el presente año 2016, existe por fin un criterio unánime entre los distintos Registros Mercantiles (entre otros, el de Sevilla o Málaga), que obliga a la presentación de los Libros societarios únicamente por vía telemática.

Todas las sociedades deben legalizar sus libros correspondientes al ejercicio social cerrado a 2015

Si nunca ha presentado telemáticamente los libros sociales al Registro Mercantil, resultara necesario efectuar la diligencia de cierre de los libros en papel que tenga (esto se realiza mediante diligencia que se incorporará en el primer envío telemático, por medio de un archivo en el que se incluirá una certificación (pinchar aquí para ir al documento) expedida por persona con facultad certificante haciendo constar esta circunstancia).

Captura Certif. libros

Paralelamente, deberán recopilarse en PDF todas las actas del 2015, debidamente firmadas, para abrir el Libro de Actas telemático.

En cuanto a los Libros de Socios y de Contratos con el Socio Único, deberá verificarse si se han producido modificaciones, ya que únicamente deben legalizarse estos libros si durante el ejercicio social se ha producido algún cambio en la titularidad del capital social o en los contratos.

La presentación telemática fuera de plazo de Libros no supone la imposición de multa o sanción alguna para la Sociedad (excluidos supuestos de insolvencias patrimoniales), haciéndose únicamente constar la presentación fuera de plazo en la certificación de legalización expedida por el Registrador Mercantil.

Si usted sí procedió a la presentación telemática el último ejercicio, deberá igualmente recopilar en PDF firmadas todas las Actas elaboradas durante el ejercicio 2015 para remitirlas telemáticamente al Registro Mercantil y, en relación con los Libros de Socios y de Contratos con el Socio único, debe comprobar si ha habido variaciones en la titularidad de las acciones o participaciones de la Sociedad o en los contratos y, en caso afirmativo, proceder a su comunicación al Registro Mercantil.

Si lo estiman oportuno, pueden contactar con nuestros profesionales y le ayudaremos en estos trámites.

 

AVANCE: Primera sentencia del Tribunal Supremo condenando penalmente a una persona jurídica.

En este 29 de febrero de 2016, festivo en nuestra tierra andaluza, se ha publicado la primera Sentencia del Tribunal Supremo que estima la existencia de responsabilidad penal de personas jurídicas, la STS 154/2016, en la que se condena a la persona jurídica procesada.

Haga click aquí para tener acceso al texto completo de la STS 154/2016

Respecto de esta novedosa Sentencia, desde Intuita hemos de señalar:

1.- Que no es la primera Sentencia en la que el Tribunal Supremo se posiciona respecto de la existencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, puesto que ya se posicionó hace 6 meses en la STS 714/2015 de 2 de septiembre de 2015, aunque en aquella primera ocasión no fuera condenatoria.

Haga click aquí para tener acceso al texto completo de la STS 714/2015

2.- Que hemos de recordar que, si bien en ambas Sentencias el Alto Tribunal se posiciona respecto de la responsabilidad penal de empresas introducida por la Ley Orgánica 5/2010 (en vigor, recordemos, desde la Navidad de 2010), en ninguna de las dos se tiene prevista la eximente que con un completo y adecuado programa de prevención de delitos, comúnmente conocido como Corporate Compliance, gozan las empresas tras la reforma en vigor desde el pasado 1 de julio de 2015.

3.- Que de un estudio preliminar de esta Sentencia 154/2016, hemos de señalar que el Tribunal Supremo se ha hecho eco del contenido de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado del pasado 22 de enero de 2016, en un pronunciamiento que puede entenderse que empieza a conformar la base jurisprudencial de la existencia o no de responsabilidad penal de las empresas.

En conclusión, nuestro Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de posicionarse en varias ocasiones respecto de la existencia de responsabilidad penal de las empresas, no de una manera potencial o hipotética, sino respecto de unos hechos objetivos y probados acaecidos hace más de 5 años.

En las Sentencias del Tribunal Supremo venideras se condenará a diversas personas jurídicas por hechos acaecidos desde 2011 hasta nuestros días, siendo la implantación y mantenimiento de un adecuado programa de Corporate Compliance la única manera de eximir a una empresa de su eventual responsabilidad penal.

José León-Castro Gómez

César Romero de la Osa Martínez
Socios fundadores de Intuita Legal Compliance

 

 

¡¡¡Atención a las sanciones previstas en materia de eficiencia energética!!!

Desde el pasado 14 de febrero se encuentra en vigor el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

Pinche aquí para acceder al texto del Real Decreto 56/2016

Este real decreto, además de establecer fuertes sanciones para las empresas, persigue con carácter general establecer un marco normativo que impulse de forma definitiva una política de mejora de la eficiencia energética en las organizaciones empresariales, tratando para ello de promocionar el ahorro energético y la consecuente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la Unión Europea en el horizonte temporal de 2020.

En virtud del mismo, las consideradas grandes empresas y aquéllos grupos de empresas que alcancen los volúmenes necesarios en términos de consolidación para poder considerarse incluidos en el concepto de gran empresa tienen la obligación de someterse a auditorías energéticas cada cuatro años a partir de la fecha de la última que hubieran realizado, debiendo la misma cubrir, al menos, el 85 por ciento del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de sus actividades industriales, comerciales y de servicios.

Los sujetos obligados tienen la obligación de conservar los datos de la auditoría energética en vigor y ponerla a disposición de las autoridades competentes para inspección o cualquier otro requerimiento administrativo que éstas pudieran precisar, a efectos de comprobación de cumplimiento normativo, siendo asimismo responsables de actualizar la información contenida en sus auditorías, conforme a las condiciones que establezca el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para proceder a la actualización de la información contenida en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.

A estos efectos y en virtud de este real decreto, se crea en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas, de carácter público y gratuito, en el que quedará reflejada la información comunicada por los sujetos obligados, así como, de manera voluntaria, la comunicada por el resto de empresas, en relación con las auditorías llevadas a cabo.

En cuanto a personal técnico autorizado para la realización de estas labores de auditoría, la norma establece que podrán ser realizadas por técnicos cualificados que pertenezcan a la propia empresa, siempre que no tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de la misma, además de por auditores externos e independientes debidamente acreditados con la cualificación profesional y técnica suficientes, conforme a los requisitos que a tales efectos se establecen en el Capítulo III de la norma.

Las auditorías energéticas son herramientas que permiten detectar las operaciones dentro de los procesos que pueden contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, así como para optimizar la demanda energética de una instalación.

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Presentado el plan financiero de ABENGOA, y proveedores y subcontratistas sin aparecer…

El pasado sábado 13 de febrero conocíamos la noticia de que la empresa que está en camino de presentar el mayor concurso de acreedores de la historia de España, y que de camino puede provocar la mayor cadena de concursos de acreedores también de España, ha presentado el plan financiero de viva voz.

Nada de ofertas por escrito que puedan luego comprometerla. Y, sobre todo, nada de contar con la participación de quienes son los principales perjudicados de esta historia, que no son ni los bancos ni los bonistas, sino los proveedores y sobcontratistas del monstruo de las renovables, sin los cuales muchos de los proyectos actualmente en desarrollo no podrán ejecutarse, y a los cuales me consta que no están teniendo ningún reparo en solicitarles que viajen para realizar tales trabajos, considerados críticos, sin garantía alguna de cobro de las nuevas cantidades que por ello se devenguen, ni por su puesto respecto de las que ya se cuentan como créditos del concurso por importe superior a los 5.000 millones de euros.

El Diario de Sevilla publicaba ayer datos sobre el plan financiero planteado a bancos y bonistas, y parece que la mejor solución ahora pasa por la capitalización de sus créditos, de manera que puedan éstos recuperar su inversión en un plazo estimado de largo en los que será fundamental su compromiso de permanencia en el capital social de la empresa sevillana. De esta forma no tendrán que asumir pérdidas por quitas parciales en el proceso de concurso.

Los números que se barajan llevarían, en caso de ejecutarse finalmente esta opción, a reducir la deuda corporativa de la empresa hasta el entorno de los 4.000 millones de euros, pero para ello es necesario que se apruebe este plan financiero al menos por el 75% de los créditos que conforman el pasivo de la deuda.

Y es aquí donde entran los proveedores y subcontratistas de Abengoa, porque este porcentaje de aprobación no podrá en ningún caso conseguirse sin la aquiescencia de estos.

¿Y cómo pretenden tal cosa desde la multinacional sevillana si ni siquiera parecen haber tomado contacto con los mismos?

Para colmo, también publicaban ayer los medios que la solución para cada uno de estos proveedores de obras y servicios de Abengoa debe ser individualmente estudiada, pues las concesiones no han de ser las mismas para pequeños suministradores o montadores puntuales, pero críticos, que para aquéllos otros proveedores de turbinas, motores y caleras, pues éstos probablemente van mucho más de la mano de la empresa sevillana, al estar presentes en muchos proyectos, siendo los riesgos compartidos.

Lo que parece claro es que proveedores y subcontratistas andaluces, esos mismos con los que no se está contando para negociación alguna y se encuentran en una desesperante situación de desconcierto y dudas por falta de información, deberían tener la palabra en toda esta historia, principalmente porque parece que lo que sí tienen es la llave que pueda abrir de aquí a marzo un eventual acuerdo extrajudicial de acreedores que evite el concurso.

http://www.diariodesevilla.es/article/economia/2218356/abengoa/descarta/quitas/deuda/y/la/entrada/socio/industrial.html

José León-Castro Gómez
Socio fundador de Intuita

Responsabilidad que puede derivarse por no disolver una empresa sin actividad.

¿Tiene usted alguna empresa paralizada o sin actividad? Esto tiene consecuencias graves

¿Sabe que los administradores responderán con todo su patrimonio presente y futuro?

Lo único que se requiere es que los administradores hayan incumplido su obligación de promover la disolución concurriendo una causa legal o estatutaria para ello, sin que resulte necesario acreditar el daño causado, la negligencia de los administradores y la relación entre esa negligencia y el daño.

¿Cuándo se encuentra la sociedad obligada a disolverse?

Las causas más habituales son las siguientes:

* Cuando lleve más de un año sin actividad.

* Por la conclusión del objeto para el que fue constituida.

* Por la paralización de los órganos sociales (junta y consejo de administración).

* Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social, salvo que se aumente o se reduzca su cifra en la medida suficiente.

* Porque el valor nominal de las participaciones o acciones sin voto supere la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.

* Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

¿Porqué se impone esta “Sanción”?

Porque se pretende evitar la perdurabilidad en el tiempo de situaciones de crisis o graves disfunciones sociales con perturbación para otros agentes ajenos y la economía en general, buscando dotar de confianza al tráfico mercantil y robustecer la seguridad de las transacciones comerciales en supuestos en los que intervienen personas jurídicas mercantiles sin responsabilidad personal de los socios.

¿Cómo debe el administrador promover la Disolución de la sociedad?

PRIMER PASO. Convocar junta general de socios en el plazo de dos meses desde que tuvieran conocimiento de la existencia de causa de disolución para que adopten el acuerdo de disolución.

SEGUNDO PASO. En caso de falta de quórum para su celebración o de acuerdo contrario a la disolución, el administrador deberá solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses desde la fecha prevista para la junta.

Con la aprobación de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, consideramos que el proceso de solicitud de disolución judicial es ahora más sencillo y recomendamos su utilización.

¿Es responsable el administrador de todas las deudas sociales?

NO, sólo responderían de las deudas existentes durante el tiempo en que fueron administradores. Su responsabilidad cesa en el momento del cese efectivo en el cargo.

Además, las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior..

¿Puede considerarse que se ha cesado en el cargo si la sociedad lleva tiempo inactiva?

En ningún caso. La inactividad de la sociedad, o el “abandono de hecho” de la administración no suponen “per se” el cese en el cargo ni les libera de las obligaciones propias de su cargo.

¿La declaración de concurso exime de responsabilidad a los administradores por no solicitar la disolución?

En el supuesto en que concurran simultáneamente pérdidas graves (presupuesto para la disolución) e insolvencia (presupuesto para el concurso) cesa el deber de promover la disolución de la sociedad si se solicita y es declarado el concurso de acreedores de la sociedad. La declaración del concurso determina, pues, el cese del deber de promover la disolución de la sociedad en concurso.

¿Se extingue esta responsabilidad por fallecimiento del administrador?

No, siendo posible que se transmita esta responsabilidad por vía de sucesión hereditaria y, por ello, podría formar parte del caudal hereditario.

¿Cuándo prescribe esta responsabilidad?

La acción de responsabilidad contra administradores sociales prescribe a los 4 años a partir de la inscripción de su cese en el Registro Mercantil.

José León-Castro Gómez

Socio fundador de Intuita

Acto de constitución de proveedores y subcontratistas de ABENGOA

Anoche asistí al acto convocado en el Club Antares para la constitución de una Asociación de Proveedores y Subcontratistas de Abengoa (APROSAB), colectivo que reúne a más de mil empresas en Andalucía, con una deuda global que se calcula superior a los 5.000 millones de euros, y que afecta a un número de puestos de trabajo en nuestra comunidad estimado en cuantía superior a los 7.000.

Esta iniciativa, nunca antes llevada a cabo en situaciones previas o coetáneas a un procedimiento de concurso de acreedores en España, ha sido impulsada por una consultora financiera denominada EFC Group.

Al acto asistieron alrededor de 30 personas, de las cuales luego hubo de descartarse como acreedores de abengoa a unas cinco –entre ellas, quien suscribe estas palabras–  y a otras tantas que asistían sin poderes de decisión o representación alguna, por lo que poco podían aportar al objeto que allí se pretendía.

Ello es debido, sin duda alguna, a la escasa difusión que la convocatoria del acto ha tenido, a pesar de la relevancia de lo que allí se iba a tratar para muchas empresas que han puesto su trabajo y, por desgracia, difícilmente van a recibir lo que corresponderá al sector bancario o al denominado bonista, que parecen ser la masa dura de acreedores a los que se está atendiendo y cuyos derechos quieren verse resarcidos, olvidándose de esta “tercera pata” de afectados.

El acto se inició con una detallada información por parte de la entidad EFC Group, promotora de la iniciativa, haciendo referencia a los contactos iniciados con el sector bancario y administraciones públicas para pulsar su interés por acercar la financiación necesaria y en condiciones preferentes respecto de mercado que estas empresas, proveedoras y subcontratistas de obras y servicios prestados a Abengoa, vayan a poder necesitar para sobrevivir a los difíciles meses que se avecinan para su cuenta de pérdidas y ¿ganancias?

La consecución del plan de viabilidad elaborado por la pre-concursada es el objetivo primero pretendido por esta asociación, siendo innegable la oportunidad de unir esfuerzos y capitales como medida de presión a tal efecto, y siendo también necesario el objetivo de “hacer ruido” en medios de comunicación y prensa para defender los intereses de los asociados, esperemos que no se trate del tan común derecho al pataleo.

Lo que no pude pasar por alto fue el escaso contenido jurídico de que se dotó a un acto de estar características, más aún ante las preguntas de las personas asistentes y afectadas, algunos de los cuales me consta que habían llegado de forma apresurada desde el norte de España el día anterior, esperando respuestas que no encontraron. Preguntas tales como si también se iban a defender los intereses de aquéllos cuyos créditos se ostentaban frente a UTES del grupo Abengoa, o si sus reclamaciones individuales también iban a ser gestionadas desde esta asociación.

Resultan cuestiones trascendentales cuando se está pidiendo a estas empresas que se comprometan y asocien bajo un único paraguas, máxime cuando se les solicita un desembolso inicial de 200 euros más una mensualidad de 100 euros. Y ello debido a que esta forma de proceder, a través de uniones temporales de empresas es lo habitual en el grupo, dotando al mismo de la opacidad que le ha llevado a la desconfianza de inversores y socios y, finalmente, a la actual situación de insolvencia.

No quedó claro si esta asociación tenía como objetivo unir a acreedores que pudieran representar un porcentaje sobre el pasivo total que les permitiera incluso vetar un eventual acuerdo extrajudicial de acreedores, en fase de preconcurso, pues sin entrar a valorar si ello podría ser o no beneficioso a sus intereses, sin duda es una posibilidad que permite la actual Ley Concursal, y no es descabellado pensar que lo que pueda interesar acordar a la banca, cuyos créditos es sabido que son calificados como privilegiados, no tiene porqué satisfacer las expectativas de otros acreedores, cuyos créditos ordinarios serán los que caigan previsiblemente en el ostracismo, si bien parece que no se tienen datos al respecto del porcentaje total que pueda representar este colectivo de afectados.

No se pone en duda que la asociación representará a sus asociados con mayor fuerza ante la propia Abengoa, administraciones públicas y bancos, pero no es menos cierto que una única voz pueda satisfacer intereses ya de por sí variados, y pocas son las atribuciones ejecutivas planteadas para esta entidad en sus estatutos sociales, al menos en atención a su objeto social, pues esto es lo único que de sus estatutos sociales se comunicó a los presentes.

Esta es otra de las circunstancias que me llevan a calificar el acto vivido ayer de, cuanto menos, anómalo, pues es costumbre poner a disposición los estatutos sociales con carácter previo a la constitución de cualquier ente con personalidad jurídica, esto es, previamente a recabar el consentimiento por parte de los afectados.

Hoy veo en las noticias que son alrededor de unas 80 las empresas interesadas en formar parte de la asociación, si bien el número exacto de las finalmente asociadas se ha reservado por motivos de confidencialidad y, desde luego, nada tienen que ver tales números con los que yo estimaba y la realidad vivida por mí en el día de ayer.

José León-Castro Gómez
Socio Fundador de Intuita Legal Compliance

Nuevo Formulario de Solicitud de Acuerdo Extrajudicial de Pagos

El pasado 18 de enero de 2016, entró en vigor el formulario de solicitud de acuerdo extrajudicial de pago aprobado por Orden del Ministerio de Justicia (Orden JUS 2831/2015, de 17 de diciembre) para facilitar el acceso y el inicio del proceso que debería llevar a muchos, autónomos y ciudadanos de a pie, a redimir sus deudas y recibir, si todo sale bien durante el proceso, una segunda oportunidad.
Aunque ya está prevista la cumplimentación y gestión online de este formulario para notarios, registradores y cámaras de comercio en la página de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para comunicar la designación del mediador concursal, no parece tan claro cómo iniciar el proceso ante tales sujetos por parte de los deudores necesitados de una segunda oportunidad.
El contenido que debe tener el formulario es, en resumen, el siguiente: datos identificativos de la persona solicitante, concurrencia de las condiciones de acceso al procedimiento, inventario de bienes y derechos y lista de acreedores, etc.
Confíe en Intuita para que le ayudemos en este largo y complicado proceso legal y nosotros lo iniciaremos mediante su presentación ante notarios, registradores o cámaras de comercio.
José León-Castro Gómez